El tribunal aceptó un recurso contra la ley presentado por 124 diputados de la oposición, que mantenían que el texto era contrario a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada en París.
El recurso denunciaba también defectos de forma.
El texto legal fue aprobado por el Parlamento el pasado 22 de noviembre y permitía a los alcaldes ordenar la matanza de los perros callejeros si los vecinos se mostraban de acuerdo con la medida a través de referendos y otras formas de consulta.
La ley provocó numerosas protestas de la sociedad civil.
Decenas de activistas por los derechos de los animales celebraron la decisión frente a la sede del Tribunal Constitucional.
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