La movilización tomó como punto de partida la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de Septiembre. El atrio de la Catedral fue el escenario elegido para el pronunciamiento contra la forma cruel en que fueron eliminados diez canes y gatos en el Centro de Control de Rabia, durante el fin de semana.
Alberto Sánchez, presidente de la Sociedad Protectora de Animales, indicó que el dar muerte a un animal se enmarca en el delito de biocidio, contemplado en la Ley 700 de Defensa de los Animales.
El artículo 350 de esta Ley (Biocidio) dice textualmente: I. Se sancionará con privación de libertad de dos a cinco años y multa de 30 a 180 días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal; II. La sanción será agravada en un tercio de la pena máxima, si se matare a más de un animal.
Las instituciones defensoras de los animales propusieron a través de comunicados, que las autoridades en salud asuman acciones preventivas, para evitar la rabia canina, en procura de remediar el maltrato a las mascotas.
CASOS DE RABIA
Desde enero hasta la fecha, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha registrado 101 casos positivos de rabia canina, de los cuales 52 se han reportado en la capital cruceña y el resto (47) en las diferentes provincias del departamento.
La información fue proporcionada por el director del Sedes, Joaquín Monasterio, en conferencia de prensa, al señalar que hay preocupación pues los casos de esta enfermedad han aumentado en la ciudad capital.
El año pasado, de los 51 casos que se presentaron en el departamento, 22 fueron en la capital.
VACUNAS
Con respecto a las vacunas antirrábicas, el director del Sedes dijo: “He escuchado decir que las vacunas del Sedes no sirven. Quiero aclarar que las vacunas las adquiere el Ministerio de Salud y luego las transfiere a los departamentos para que los Sedes la apliquemos”.
Lamentó lo ocurrido en la perrera, el pasado fin de semana, al señalar que los funcionarios sólo cumplieron los procedimientos de control de la rabia.
Según Monasterio, no hubo maltrato a los animales, sino que se hizo la eutanasia con procedimiento químico y no con golpes. “Se ha tergiversado la verdad. Los funcionarios de la perrera hicieron la eutanasia, pero demoraron su recojo. Es injusta la sanción aplicada a los trabajadores, peor aún la acusación de biocidio”, expresó.
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