La normativa surge de la preocupación e inquietud ciudadana ante la falta de una legislación específica que proponga la erradicación del maltrato a los animales, como parte importante e ineludible de la sociedad, además de otras demandas vinculadas con la salud, como ser las enfermedades transmitidas por los canes.
Asimismo, plantea el pago de un impuesto que puede ser cobrado a dueños o familias que posean más de un perro.
En cuanto a las sanciones vinculadas con diferentes grados de maltrato a los perros, la norma propone desde los 500 bolivianos hasta los 4.000, considerando daños leves, graves y muy graves, aunque todavía serán debatidas y revisadas en su etapa en detalle.
El artículo 302 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 5, atribuye a los municipios esta competencia.
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