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lunes, 31 de diciembre de 2012

Proyectan una ley para sancionar robo de perros



Los diputados Adriana Gil, Galo Bonifaz y María Chuca presentaron este año a la Asamblea Legislativa Plurinacional, propuestas de ley para defender los derechos de los animales. La presidenta de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja, Elizabeth Reyes, informa que hay otros proyectos pertenecientes al Órgano Ejecutivo y alcaldías; pero ninguna contempla sanciones para el robo de perros, con o sin pedigrí, ni para las personas que administran criaderos que no cuentan con certificación.

Sobre ello, Reyes adelanta que hasta el siguiente año se tomará en cuenta estas falencias y otras para mejorar los planteamientos. Informa que en noviembre, por ejemplo, se debatió sobre las atribuciones de los gobiernos municipales y la posibilidad de que obtengan recursos económicos para sus planes operativos anuales y así controlen la población de canes callejeros y su esterilización. No obstante, lamenta que hasta ahora no se genere una ley de consenso por la falta de respuestas del Ejecutivo y alcaldías.

Informe La Razón accedió a dos de las propuestas, que establecen la prohibición para la venta de mascotas en vía pública y en ferias, o en establecimientos y lugares no autorizados, además de la tenencia de cualquiera clasificada como potencialmente peligrosa. El documento elaborado por Chuca, junto a los senadores María Elena Méndez y Julio Salazar, también restringe portar animales que sean producto del abigeato, o sea, del hurto de ejemplares de los ganados caballar, mular, asnal, bovino, porcino, caprino y lanar, que el Código Penal castiga con hasta cinco años de reclusión. Al respecto, sociedades protectoras exigen que en esta clasificación se incluya a perros y gatos.

Asimismo, se propone sancionar el tráfico de especies silvestres con privación de libertad de entre dos y cuatro años y una multa equivalente al 100% del valor del animal involucrado; igual se dicta entre uno y cinco años de prisión para aquellos individuos involucrados con torturas, biocidio (muerte provocada de algún ejemplar) o zoofilia (acto carnal con animales silvestres o domésticos) y entre dos y cuatro años de encierro para el dueño del animal que ocasione lesiones gravísimas a una persona.

Aparte, el municipio de La Paz discute una norma que determina un impuesto por la crianza mascotas, prohíbe la importación de canes de la raza pitbull y ordena su esterilización. El proyecto de Ley de Tenencia, Protección y Bienestar de los Animales Domésticos fue planteado por el concejal Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y fue avalado en su estación en grande por el Concejo Municipal, y se prevé que entre en vigencia en 2013.

Otros puntos que resaltan en la propuesta son que dispone la creación de la Unidad de Registro Informático Centralizado, dependiente de la Unidad de Protección Animal y Zoonosis, en la que se matriculará obligatoriamente a las mascotas desde su nacimiento o adquisición para identificar, paralelamente, a sus propietarios, a los establecimientos de venta y a los veterinarios acreditados.

El responsable nacional de Zoonosis, del Ministerio de Salud, Gary Barrios, comenta que por salud, seguridad pública y por protección ambiental se permitirán sólo dos perros por familia. “El dueño pagará un patente y un registro desde el tercero, y se capturará a los que no los tengan”. El incumplimiento considerado muy grave, será sancionado con el pago de entre 2.001 y 4.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV); el grave, con entre 1.001 y 2.000 UFV, y el leve, con entre 500 y 1.000 UFV. Cada UFV se cotiza en Bs 1,79.

La autoridad señala que, junto al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), se fiscaliza que no se organicen peleas de perros ni su comercialización ilícita, en el marco de la Ordenanza Municipal 511/2005, de la Alcaldía paceña. Y para evitar que especies domésticas viajen ilegalmente al exterior, el Senasag emitió la Resolución Administrativa 211/2011, que instruye a las empresas de transportes aéreo, terrestre y pluvial a que vigilen el tránsito de éstas con carnet sanitario, registro y vacunas antirrábicas.

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