Diez especies en riesgo de extinción son las más amenazadas por la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de animales silvestres en Santa Cruz, según datos de la Gobernación, que ha puesto en marcha un plan que busca frenar esta actividad ilícita, el cual incluye decomisos, procesos a los infractores y tareas de concienciación.
El mono martín, la paraba militar, la paraba azul, la paraba amarilla, el jucumari, el tigre o jaguar, el anta, el ciervo de los pantanos, la londra o lobito y la urina son los animales en riesgo más golpeados por esta actividad ilegal, según el secretario de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de la Gobernación, Manlio Roca.
Aunque su población no está en peligro, pero sí se considera vulnerable, la caza y pesca ilegal también afecta a tatús, petas, lagartos, chanchos troperos y otros animales.
Los reportes de los decomisos son una prueba de esta situación. Solo en los últimos operativos sorpresa, efectuados en las diferentes trancas del departamento, se han decomisado unos 1.000 kilos de carne de monte y más de 5.000 de animales vivos (entre largartos pequeños).
La caza y pesca de animales se incrementa los fines de semana y durante los feriados largos. Se practica en diferentes zonas del departamento, principalmente en áreas de influencia del río Ichilo, río Grande y la Chiquitania. Por ejemplo, solo en Semana Santa la Gobernación se incautó de 434 kilogramos de carne de animales silvestres.
Los cazadores matan a los animales, los despellejan y hacen escurrir la sangre para transportarlos a la ciudad capital en conservadoras y freezer.
Aquellos que son capturados vivos son traídos en jaulas, por lo que muchos llegan con signos de maltrato.
Según reportes de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación, los animales vivos incautados son trasladados al centro de atenciones inmediatas de la Fundación Fauna Bolivia, donde estos pasan por un periodo de cuarentena para su rehabilitación y posteriormente son derivados a los diferentes refugios.
Esta dirección recibe un promedio de seis denuncias por semana, que tienen que ver con el maltrato, caza y tráfico de animales.
Veda
Roca reiteró que la caza con fines comerciales está prohibida por las normas vigentes, por lo tanto, se ha reforzado el control a esta actividad, con el apoyo de la Fiscalía, la Policía y los municipios afectados, como Fernández Alonso, San Juan de Yapacaní, Yapacaní y Santa Rosa. En estos lugares se han habilitado puestos de control, informó la autoridad al aclarar que lo que sí está permitido es la caza para el consumo tradicional.
A este trabajo se suman las tareas de prevención, a través de campañas de educación ambiental, dijo Roca. “Esto es muy importante, tomando en cuenta que hay mucha gente que cree que es natural dispararle a todo lo que se mueve en el monte”, expresó. En estas acciones se está involucrando a estudiantes de colegios, prueba de ello es que el año pasado unos mil alumnos participaron del festival de la Biodiversidad.
Piden reforzar las acciones
Por su parte, el veterinario y expresidente de la Sociedad Protectora de Animales, Waldo Bellido, pidió reforzar las tareas de prevención. “Hay que concienciar a la gente de que no todos los animales son aptos para la domesticación, pues muchos llegan a la pubertad y sufren por el encierro”, indicó.
Además, el activista sugiere conformar un comité interinstitucional para reforzar los planes de control y seguimiento a las especies silvestres, especialmente a aquellas que están en peligro de desaparecer.
Bellido también cree que es necesario endurecer las penas contra esta actividad, pues, en su criterio, las sanciones previstas en la ley son leves.
La Ley 1333 de Medioambiente establece una sanción de entre uno y tres años de privación de libertad, para la persona que trafica o caza animales silvestres. “Se debe incluir el delito de biocidio, porque matar o traficar con animales es atentar contra la biodiversidad”, remarcó.
La caza masiva de tatú pone en riesgo a su población
Ley 1333
Art. 110
Todo el que con o sin autorización cace, pesque o capture utilizando medios prohibidos como explosivos, sustancias venenosas y las prohibidas por normas especiales será sancionado con la privación de libertad de uno a tres años. Si la actividad se efectúa en áreas protegidas o zonas de reserva o en periodos de veda, la pena será agravada en un tercio.
Art. 111
El que incite, promueva, capture o comercialice el producto de la cacería, tenencia, acopio, transporte de especies animales y vegetales, o de sus derivados, sin autorización o en veda sufrirá la pena de privación de libertad de hasta dos años.
Los lagartos son uno de los principales blancos de los cazadores
Procesos contra siete personas
En diferentes operativos de control, realizados este año de forma conjunta entre la Gobernación, la Fiscalía y la Policía, se ha logrado aprehender a siete personas que están siendo procesadas por traficar con animales silvestres y atentar contra el medioambiente.
El último operativo se realizó esta semana en Cotoca, donde tres personas fueron encontradas en posesión de armas de fuego, herramientas de caza y de cinco tatús.
Para el secretario de Medioambiente de la Gobernación cruceña, Manlio Roca, con estas acciones se busca sentar precedente y generar conciencia en la población de que traficar o cazar animales es un delito que tiene sanción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario